Cada vez son más las cámaras de videovigilancia que se instalan en organismos públicos, empresas o vías públicas, claramente por motivos de seguridad, pero que también supone una invasión de la intimidad de los ciudadanos, ya que si estás libremente dando un paseo no tiene porqué haber imágenes que lo demuestren. Estas cámaras de vigilancia se colocan en lugares estratégicos para prevenir delitos y, si igualmente los hubiera, poder tener pruebas físicas de sus autores y una clara muestra de los hechos.
Aunque esta práctica ofrece seguridad para todos los ciudadanos ya que nunca sabes lo que te puede pasar, existe un gran debate sobre si es o no conveniente la cesión de imágenes de usuarios en su vida privada sin que éstos hayan dado su permiso. Únicamente las Fuerzas de Seguridad tienen potestad para instalar cámaras en la vía pública, y se hace principalmente en lugares donde circula mucho tráfico o en las puertas, por ejemplo, de un banco. Por este motivo, ninguna empresa u organización puede colocarlas en la calle, únicamente podrán hacerlo en un entorno privado, con la excepción de que la calle sea el único lugar donde se pueda captar la imagen deseada y siempre que el objeto de la grabación pertenezca a la empresa.
En los lugares de trabajo también pueden colocarse cámaras sin ser necesario el consentimiento de los trabajadores, aunque sí debe informarse de su instalación y colocarse en lugares donde no se invada demasiado la intimidad de las personas, como por ejemplo cerca de un cuarto de baño o un vestuario. Tampoco pueden instalarse en lugares cerrados con gran afluencia de menores como las aulas de un colegio o la zona de taquillas, ni en sitio donde la imagen de una persona pueda verse afectada, como un gimnasio o una peluquería.